¿QUIEREN SER RESIDENTES?

Por Laura Cano / Loana Ramírez / Manuel Fonseca (*)


//La crisis en el Sistema de Residencias de la Salud, las elecciones laborales de los trabajadores/as del campo sanitario, el rol del Estado y algunos aportes para estas y otras discusiones.//

 

El Sistema de Residencias es la herramienta más masiva que utiliza el Estado para especializar en el posgrado a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Los graduados jóvenes de diferentes disciplinas –principalmente médicas y médicos- se encuentran año tras año, y con una tendencia que se profundiza, eligiendo otros dispositivos para formarse e insertarse laboralmente. Progresivamente los posgrados pagos de clínicas y sanatorios, las ambulancias del sistema de emergencias y el sector privado en sus múltiples facetas han ido ganando terreno por encima de las Residencias Estatales. A su vez, dentro del sistema público, cada vez más profesionales eligen especialidades técnicas o de cierto nivel de especialización por encima de las llamadas “básicas”. Quizá uno de los ejemplos más dramáticos de esta tendencia sea el ocurrido hace pocas semanas con la especialidad de Medicina General en la provincia de Buenos Aires. Habiendo 161 puestos ofrecidos y disponibles, sólo 31 personas adjudicaron, dejando regiones sanitarias prácticamente desiertas. El resultado es un conflicto complejo que es novedoso en la magnitud de sus números pero no en el entramado de sus causas. Todo en el marco de una crisis generalizada del campo de la salud que repercute -directa o indirectamente- en la vida de los cuarenta millones de argentinos. Entonces: ¿podemos hablar de crisis en el Sistema de Residencias Nacional, en los Provinciales y Municipales? ¿Cuáles son, si esto es cierto, las causas de esta tendencia? ¿Qué lugar ocupan las instituciones del Estado, los gremios, las corporaciones y la sociedad en su conjunto ante este debate? Aquí van algunas hipótesis que buscan generar más preguntas que respuestas, en esta pequeña arista del gran debate que implica el acceso al derecho a la Salud en la República Argentina.

ALGUNOS NÚMEROS

Según los datos oficiales del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2015 el Estado ofrecía 5175 cupos de Residencias Médicas para los 5112 aspirantes que habían egresado en 2014 de todas las facultades de Medicina del país. La relación es prácticamente de 1 a 1. De este dato se desprende que casi cualquier médico o médica recién graduada puede acceder a una Residencia para formarse. En relación a años anteriores, cuando el cupo era una variable a tener en cuenta por la menor oferta de cargos y por la mayor tendencia a realizar Residencias, hoy esa dimensión es prácticamente despreciable con la excepción de algunas especialidades muy solicitadas y de poca oferta.

En el año 2009 se produjo un sensible aumento para los cargos en Residencias Nacionales (dependientes directamente del Ministerio de Salud de la Nación), sobre todo en especialidades “priorizadas” por el Consejo Federal de Salud, entre las que se encuentran Tocoginecología, Neonatología, Medicina General, y otras. El impacto de la medida no resulta satisfactorio: las personas no eligen cada vez más estas especialidades solo por el hecho de que haya más oferta. De los 1577 cargos disponibles para Primer Año en 2016, sólo 1028 fueron adjudicados.

Las preguntas, otra vez, surgen por sí solas: ¿Qué otras opciones encuentran los nuevos graduados para formarse? ¿Qué tipo de inserción laboral están pensando? ¿Por qué el Estado no tiene la capacidad de seducir o incentivar a los profesionales que forma en sus Universidades para especializarse en ramas “priorizadas”? ¿Quiere de verdad el Estado fortalecer estas especialidades?

LA FORMACIÓN DE GRADO

Sin dudas, a la hora de barajar variables para este conflicto, la cuestión de cómo y dónde se forman los trabajadores y trabajadoras de la salud es central. Retomando como punto de partida la formación estrictamente médica, vemos que los grandes centros de formación de grado (UBA, UNLP, UNC) sostienen currículas hegemónicas vinculadas a intereses corporativos que poco tienen que ver con la realidad, las enfermedades y los problemas de la sociedad que las financian. Modelos pedagógicos centrados en una concepción de la salud casi exclusivamente biológica, donde sus trabajadores no tengan a mano más que medicaciones y estudios de alta complejidad para resolver los problemas de salud de la gente y donde además las dimensiones culturales, sociales, políticas, filosóficas y espirituales de las personas y las comunidades son invisivilizadas no hacen más que reproducir una lógica de la salud vinculada al lucro y no a la promoción de derechos. ¿Se puede esperar que luego de 6 años o más de formación biologicista, meritocrática, individualista y cada vez más vinculada con el sector privado de la salud los graduados de esas facultades elijan masivamente disciplinas pensando en el beneficio comunitario por encima de su propio futuro? Si los planes de estudios de estas especialidades no contemplan en lo más mínimo una concepción integral de la salud y la necesidad de trabajar y fortalecer el primer nivel de atención ¿Cómo podemos creer que es posible que un graduado elija para formarse algo que no conoce?

Existen experiencias pedagógicas alternativas a las mencionadas en otras Facultades de Ciencias Médicas del país. La experiencia más acabada de una formación médica bajo un paradigma integral, y con una fuerte concepción de Derechos, es la del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, cuyo Rectorado lleva despedidos al día de la fecha más de cien docentes por motivos ideológicos, en lo que los propios damnificados calificaron como un “academicidio”.

La Ley de Educación Superior del año 1995, todavía vigente en nuestro país, tiene como algunos de sus principales objetivos garantizar la penetración privada y así los intereses de las grandes corporaciones en las Universidades Nacionales, mientras fortalece el perfil meramente técnico y absolutamente acrítico de sus estudiantes y graduados. Esto en Salud se traduce fácilmente: hiperespecialización médica, deshumanización de las prácticas, desprestigio por las perspectivas integrales y abarcadoras de cierta complejidad de variables. Las médicas y los médicos tenemos que atender órganos sueltos, los trabajadores y las trabajadoras sociales ser técnicas facilitadoras de la burocracia estatal, las y los obstetras realizar la mayor cantidad de partos en la menor cantidad de tiempo posible.

¿Cuáles son, además, los parámetros de éxito y de fracaso en el mundo de la Educación en Salud? El premio que las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata otorgan a los estudiantes que en su último año de cursada hayan obtenido las calificaciones más altas y a quienes más rápido hayan aprobado sus parciales y finales, es un ejemplo para pensar quién y cómo gana en estas carreras. En ningún momento aparece la dimensión colectiva y lo que se fomenta explícitamente es el éxito abstracto de los buenos puntajes y la velocidad. ¿Por qué no pensar un sistema donde ser buen compañero, generar un buen vínculo con los pacientes en las cursadas, participar de proyectos de extensión que intenten solucionar los problemas de determinada comunidad, o ser ayudante alumno ad honorem cuenten como variables a felicitar? ¿Cómo operan estos mecanismos de construcción de discurso basados en la competencia entre pares a la hora de decidir cómo y dónde trabajar luego de recibirse?

LO ECONOMICO

Es un hecho que para un graduado el ingreso a una Residencia en Salud es la opción menos rentable en términos económicos. Los datos son aplastantes: un residente de primer año en la Provincia de Buenos Aires cobra alrededor de 14.600 pesos por mes. Percibe este sueldo por trabajar nueve horas diarias de lunes a viernes, media jornada laboral el sábado y realizar en la mayoría de los casos dos guardias semanales. La cuenta no es alentadora: se cobra en algunos casos 42 pesos la hora, sin aportes jubilatorios. En el caso de los residentes médicos, de ese monto el trabajador tiene que restar el costo de la Caja de Médicos y la Agremiación Médica. El trabajador se enfrenta a la difícil tarea de hacer rendir el sueldo con números que ya están por debajo de la línea de la pobreza en caso de tener que sostener una familia.

El sistema de Emergencias o el sector privado de la salud también reproducen lógicas precarizantes pero los números son otros: se puede ganar fácilmente el doble o el triple que un residente sólo realizando una o dos guardias semanales. En un contexto vertiginoso, donde todo resulta hiperintenso y efímero, la opción de mediano o largo plazo de especializarse en un residencia puede significar un esfuerzo infundado.

Para quienes elegimos el Estado y su Sistema de Residencias, también existen diferencias notables e inaceptables entre las especialidades. Algunos compañeras y compañeras, luego de terminar algunas especialidades cobran sueldos mensuales que contemplan seis cifras. Otras especialidades no encuentran otra salida laboral que un sueldo municipal en un centro de salud que apenas supera los diez mil pesos. Ambos ejemplos exageran hacia uno u otro extremo una situación laboral que evidentemente carece de marcos regulatorios, donde el sector privado impone las reglas y el Estado por incapacidad u omisión acata sin reparos.

No se puede negar la dimensión financiera económica en este debate. Es muy probable que si el Estado pagara lo que corresponde, muchas más personas optarían por formarse en una residencia y, más aún, por elegir el primer nivel de atención como un lugar donde perfeccionarse. De todas maneras, lo económico nunca se explica por sí mismo, menos en debates que, en el fondo, problematizan formas de vivir, vincularse con los demás y entender al mundo.

LA CUESTION DE GÉNERO

La mayoría de las profesionales que realizan residencias en salud son mujeres de entre 25 y 32 años. El número varía por rama y especialidad, pero la mayoría de las veces duplica o triplica al de los varones. Existe una paradoja entre la feminización de las disciplinas médicas y un sistema de salud que sigue diagramado para ser motorizado y protagonizado por varones. Sobre todo en el sistema de residencias, donde el caso de la maternidad es quizá el ejemplo más sensible: las mujeres que optan por ser madres mientras se forman sólo tienen 90 días de licencia. Una vez finalizado el embarazo, no cuenta con horarios disponibles para garantizar la lactancia. Tampoco existe la figura de licencia por paternidad, lo que configura un escenario injusto y machista en término de derechos. ¿No tienen los varones que son padres responsabilidades en el cuidado y la crianza de sus hijos/as? En una sociedad patriarcal que exige rentabilidad y eficacia laboral a las mujeres pero no deja de exigirle un lugar casi exclusivo de cuidado hacia dentro de los núcleos familiares, el Estado una vez más mira para otro lado sin regular las dinámicas laborales en un marco de igualdad y de derechos.

PUBLICO VS PRIVADO: UNA CONVIVENCIA INJUSTA

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, el impuesto al IVA es el impuesto que más aporta en la Recaudación Nacional del Estado Argentino. Es decir, el consumo interno (todos los productos tienen IVA, desde una lata de paté a un vehículo. El 21% del total de cada compra va a parar a las arcas del Estado) representa una cuarta parte de todo el Tesoro Nacional. Se dice que este impuesto es Regresivo, ya que pagan lo mismo los más pobres que los más ricos de nuestro país. Aunque parezca complejo, la conclusión es evidente: los pobres aportan al tesoro nacional en términos proporcionales infinitamente más cantidad de dinero que los ricos. Es esa inmensa cantidad de personas la que financia las Universidades Nacionales, que son las que forman a los profesionales. Siguiendo esta línea de razonamiento, sería lógico que el Estado financiado por sus más o menos cuarenta millones de contribuyentes, digite o intervenga más y mejor las elecciones laborales de las personas que forma.

¿Está bien que una persona graduada en el sistema público realice una residencia en el sector privado? ¿Es éticamente correcto que una persona formada en el sistema de educación pública dedique la mayor parte de su tiempo laboral en clínicas y sanatorios privados? ¿No existe acaso un compromiso ético y solidario de devolución para con el pueblo que financia nuestra formación? ¿Está bien que una persona formada con financiamiento Estatal le cobre por su salud a la misma persona que le pagó los estudios?

Desde un punto de vista que contemple a la Salud como un Derecho, el Estado debería garantizar primero el buen funcionamiento del Sistema Público de Salud y luego sí, en el caso de que sobren los profesionales, aportarle recurso humano al sector Privado, y no gratuitamente. Esta paradoja –la mayoría de las veces invisivilizada o naturalizada- del Estado trabajando para el sector privado no resiste el menor análisis y debería ser un tema central de este debate.

LA RESIDENCIA: UNA TRINCHERA PARA DEFENDER

Luego de las opiniones expresadas y las distintas aristas de esta compleja encrucijada, resulta necesario decirlo: las Residencias Públicas son el mejor lugar que un trabajador o trabajadora de la salud puede elegir a la hora de su formación profesional. Y no solamente en términos técnicos o de adquisición de habilidades. Implica la posibilidad de trabajar en equipo, de sindicalizarse, de sentir la satisfacción de garantizar un derecho justo. Es también el desafío de generar vínculos laborales cimentados en dinámicas colectivas y en objetivos comunitarios.

El Sistema de Residencias es una trinchera que hay que cuidar, defender y fortalecer. Muchos sectores vinculados a una concepción mercantilista de la salud se verían beneficiados con una profundización de esta crisis en la formación de los profesionales, con una ecuación simple: donde no está el Estado, hay sectores corporativos haciendo negocios. No tenemos que dar esta pelea desde un lugar inocente, ni tampoco desde un lugar de tránsito o como trampolín al sector privado. La Residencia es para muchos de nosotros la puerta de entrada a un Sistema de Salud contradictorio y conflictivo, donde hay mucho por desandar en la tortuosa pelea de garantizar el derecho a la Salud del pueblo argentino.

 

(*) Por Laura Cano; Médica Residente de Medicina General del Hospital José Ingenieros de La Plata/Loana Ramírez; Trabajadora Social del Hospital de Romero de La Plata/Manuel Fonseca; Médico Residente de Medicina General del Hospital Gutierrez de La Plata

 

 

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